Académicamente hablando fue Aristóteles el primero, hasta donde se conoce, que le dio en cierta forma, respuesta a esa pregunta. Para él, la Constitución, politeia, servía para darle identidad al Estado, era su esencia, el fundamento que determina cómo se ordenan los poderes dentro de aquel, donde radica el poder supremo y que fines de la comunidad deben estarle encomendados. Siglos más tarde, se añadió la garantía de los derechos individuales, civiles, políticos, etc. Ha sido, sin embargo, en tiempos más recientes que quedó demostrada la verdadera utilidad de una Constitución. Nos referimos, claro está, a la Constitución de 1999, mal llamada bolivariana.
Cuando Chávez andaba en campaña, por allá por los noventa, la Constitución que todavía era una promesa, fue la bandera en su estrategia electoral, junto a la Constituyente, para vender la consigna de que era necesario realizar una transformación político-social y refundar la república. Lo que nunca he terminado de entender, pues no deja de ser contradictorio, es como un país que ha tenido unos 25 textos constitucionales en menos de dos siglos, algo así como uno cada 8 años, se dejó seducir por la propuesta de una nueva Constitución, como la gran panacea para todos sus problemas. Igualmente, le sirvió el día de la toma de posesión de la Presidencia para renegar de la Constitución de 1961 y posteriormente, con la Asamblea Nacional Constituyente ya en funciones, en agosto del 99, clausurar el Congreso de la República y poner de patitas en la calle a los senadores y diputados que igualmente habían sido electos por el pueblo en diciembre del 98.
Una vez aprobada la nueva Constitución, su utilidad fue aún mayor en el mantenimiento del régimen, a través de las innovaciones que se incluyeron en el texto de la misma y que vinieron como anillo al dedo, como lo demostrarán los eventos y sucesos posteriores. En este sentido, siempre hemos sido de la opinión de que la Constitución de 1999 fue hecha a la medida de Chávez. Una de esas novedades que ha jugado un papel importantísimo, dada la particularidad de la designación a dedo del titular, es la de la Vicepresidencia. La flexibilidad en su nombramiento hace que el cargo sea una especie de comodín que Chávez juega a su antojo, dependiendo de las circunstancias. Y si no que lo desmientan los hechos de abril 2002 cuando, no por mera casualidad, era Diosdado Cabello el vicepresidente. Aunque pareciera que una Vicepresidencia así, que no es electa por el pueblo, no tiene mayor sentido democrático para la ciudadanía, para el régimen claro que lo tiene, aunque en otra dirección distinta. Así, por ejemplo, nada impediría en la actual Constitución, que si el Presidente pierde el referéndum revocatorio, el Vicepresidente en funciones lo designe como su nuevo Vicepresidente.
La modificación de norma constitucional del 61, para permitir el uso abusivo de leyes habilitantes, o sea, de la delegación de la facultad legislativa en Chávez, tal como lo establece la Constitución de 1999, o sea, sin ningún tipo de limitación, contrariando la doctrina y el principio de la reserva legal, ha sido una práctica de este Gobierno desde sus inicios, que ha convertido a la Asamblea Nacional en un poder legislativo de papel. Siendo quizás, la recién derogada Ley de Inteligencia el mejor ejemplo de ello.
La "omisión legislativa" es otra novísima figura que, curiosamente, solo se utilizó, dado el retraso que tenía la Asamblea Nacional, para aligerar el nombramiento de los miembros del C.N.E. encargados de conducir el referéndum revocatorio del 2004, a pesar de que el Tribunal Supremo no tiene dicha competencia atribuida en la Constitución de 1999. Hasta ahora, el Tribunal Supremo no ha intervenido, ni una sola vez, para hacer valer dicho mecanismo constitucional en los innumerables casos de leyes que no han sido promulgadas por la Asamblea Nacional, que es el verdadero supuesto en que correspondería su aplicación. Y así, pudiéramos seguir refiriéndonos a otros "detalles" de la Constitución del 1999 que le han prestado un gran servicio al Presidente, como el del rol de supremacía que tiene la Sala Constitucional para decidir lo que está bien y está mal en materia constitucional. Una muestra la tuvimos en el referéndum revocatorio, modificado a última hora por el Tribunal Supremos de Justicia, dado el autogol que el texto constitucional traía en su artículo 72. Recordemos que esa "interpretación" de la Sala Constitucional le permitió a Chávez participar en el proceso refrendario como si de una elección presidencial se tratase.
En general, la Constitución del 99 también le sirvió a Chávez para ser reelegido en julio del 2000 frente a su "gran rival" Arias Cárdenas, que ahora sabemos estaba jugando en el mismo equipo; para ganar el referéndum revocatorio del 2004 y la elección de su segundo mandato en el 2006, dentro del marco de la Constitución del 99. Claro está con unos miembros del Poder Electoral y Judicial nombrados a dedo con el permiso de la propia Constitución. En resumen, un verdadero ejercicio de reducción del sistema democrático de independencia y equilibrio entre los poderes, concentrando toda la autoridad posible y volverse un dictador, sin violentar el marco legal.
La Constitución, en definitiva, puede servir para todo. Incluso para engañar al pueblo y dar un golpe de Estado sin que lo parezca.
Cuando Chávez andaba en campaña, por allá por los noventa, la Constitución que todavía era una promesa, fue la bandera en su estrategia electoral, junto a la Constituyente, para vender la consigna de que era necesario realizar una transformación político-social y refundar la república. Lo que nunca he terminado de entender, pues no deja de ser contradictorio, es como un país que ha tenido unos 25 textos constitucionales en menos de dos siglos, algo así como uno cada 8 años, se dejó seducir por la propuesta de una nueva Constitución, como la gran panacea para todos sus problemas. Igualmente, le sirvió el día de la toma de posesión de la Presidencia para renegar de la Constitución de 1961 y posteriormente, con la Asamblea Nacional Constituyente ya en funciones, en agosto del 99, clausurar el Congreso de la República y poner de patitas en la calle a los senadores y diputados que igualmente habían sido electos por el pueblo en diciembre del 98.
Una vez aprobada la nueva Constitución, su utilidad fue aún mayor en el mantenimiento del régimen, a través de las innovaciones que se incluyeron en el texto de la misma y que vinieron como anillo al dedo, como lo demostrarán los eventos y sucesos posteriores. En este sentido, siempre hemos sido de la opinión de que la Constitución de 1999 fue hecha a la medida de Chávez. Una de esas novedades que ha jugado un papel importantísimo, dada la particularidad de la designación a dedo del titular, es la de la Vicepresidencia. La flexibilidad en su nombramiento hace que el cargo sea una especie de comodín que Chávez juega a su antojo, dependiendo de las circunstancias. Y si no que lo desmientan los hechos de abril 2002 cuando, no por mera casualidad, era Diosdado Cabello el vicepresidente. Aunque pareciera que una Vicepresidencia así, que no es electa por el pueblo, no tiene mayor sentido democrático para la ciudadanía, para el régimen claro que lo tiene, aunque en otra dirección distinta. Así, por ejemplo, nada impediría en la actual Constitución, que si el Presidente pierde el referéndum revocatorio, el Vicepresidente en funciones lo designe como su nuevo Vicepresidente.
La modificación de norma constitucional del 61, para permitir el uso abusivo de leyes habilitantes, o sea, de la delegación de la facultad legislativa en Chávez, tal como lo establece la Constitución de 1999, o sea, sin ningún tipo de limitación, contrariando la doctrina y el principio de la reserva legal, ha sido una práctica de este Gobierno desde sus inicios, que ha convertido a la Asamblea Nacional en un poder legislativo de papel. Siendo quizás, la recién derogada Ley de Inteligencia el mejor ejemplo de ello.
La "omisión legislativa" es otra novísima figura que, curiosamente, solo se utilizó, dado el retraso que tenía la Asamblea Nacional, para aligerar el nombramiento de los miembros del C.N.E. encargados de conducir el referéndum revocatorio del 2004, a pesar de que el Tribunal Supremo no tiene dicha competencia atribuida en la Constitución de 1999. Hasta ahora, el Tribunal Supremo no ha intervenido, ni una sola vez, para hacer valer dicho mecanismo constitucional en los innumerables casos de leyes que no han sido promulgadas por la Asamblea Nacional, que es el verdadero supuesto en que correspondería su aplicación. Y así, pudiéramos seguir refiriéndonos a otros "detalles" de la Constitución del 1999 que le han prestado un gran servicio al Presidente, como el del rol de supremacía que tiene la Sala Constitucional para decidir lo que está bien y está mal en materia constitucional. Una muestra la tuvimos en el referéndum revocatorio, modificado a última hora por el Tribunal Supremos de Justicia, dado el autogol que el texto constitucional traía en su artículo 72. Recordemos que esa "interpretación" de la Sala Constitucional le permitió a Chávez participar en el proceso refrendario como si de una elección presidencial se tratase.
En general, la Constitución del 99 también le sirvió a Chávez para ser reelegido en julio del 2000 frente a su "gran rival" Arias Cárdenas, que ahora sabemos estaba jugando en el mismo equipo; para ganar el referéndum revocatorio del 2004 y la elección de su segundo mandato en el 2006, dentro del marco de la Constitución del 99. Claro está con unos miembros del Poder Electoral y Judicial nombrados a dedo con el permiso de la propia Constitución. En resumen, un verdadero ejercicio de reducción del sistema democrático de independencia y equilibrio entre los poderes, concentrando toda la autoridad posible y volverse un dictador, sin violentar el marco legal.
La Constitución, en definitiva, puede servir para todo. Incluso para engañar al pueblo y dar un golpe de Estado sin que lo parezca.
JLM
No hay comentarios:
Publicar un comentario